DE JUBILACIONES, NI HABLAR

Desde distintos sectores políticos de nuestra provincia, se escuchan voces que expresan la intención de modificar la ley de jubilaciones y pensiones Nº8732.

Aunque no son explícitos, sin dudas generan una justificada inquietud para el personal en actividad.

Sin otra pretensión que ofrecer un aporte desde una mirada diferente, pongo en consideración una propuesta que, de instrumentarse con éxito, podría colaborar en disminuir el crecimiento vegetativo actual y disminuir considerablemente el “déficit” de la Caja de Jubilaciones, sin la necesidad de aumentar las edades obligatorias mínimas para acceder al beneficio jubilatorio, ni ningún otro derecho que otorga la ley 8732.

Básicamente consiste en: proponerle (desde los distintos organismos y reparticiones de la administración pública) a la persona que cumple con los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, que continúe en actividad POR PROPIA VOLUNTAD.

¿Qué le propongo ?. ¿Cómo?

a) Teniendo como objetivo de disminuir la incertidumbre ante posibles modificaciones futuras a la ley, es necesario fortalecer un mecanismo que garantice el derecho adquirido y genere confianza. Como por ejemplo:

Emitir un certificado que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para otorgar el beneficio. Una vez presentada la documentación por el personal activo que cumpla con los requisitos establecidos en el Capítulo XII de la ley 8732, para acceder al beneficio jubilatorio, la caja de jubilaciones deberá emitirlo en un plazo máximo de 60 días. El mismo deberá ser informado al interesado y al organismo en el que el personal cumple el servicio activo.

b) Con el objetivo de “seducir” e incentivar al personal a continuar como activo y posponer su jubilación, se propondría un incremento económico que signifique un aumento real de sus haberes, que consistiría en:

Una disminución del diez por ciento en concepto de retención de aportes al sistema jubilatorio. Es decir que el descuento de aportes se reduciría del 16% al 6%, en los primeros tres años de continuidad en el servicio activo, dejando de aportar al sistema desde el tercer año en adelante. O sea que lo percibiría como un incremento en sus haberes de “bolsillo”. (Cabe aclarar que la persona en condiciones de jubilarse ya aportó durante al menos 30 años).

Ejemplo: si un empleado de la administración, percibe como personal activo la suma bruta en todo concepto de $ 100.000 mensuales. Con los descuentos: 16% de jubilación, 3% IOSPER, la suma neta de $ 81.000 (bolsillo).

Con la propuesta, de continuar voluntariamente prestando servicios, el personal vería incrementado sus haberes de bolsillo, pasando a percibir la suma de

$ 91.000 (12,3% más de bolsillo) en los primeros tres años y $ 97.000 (19,7% más de bolsillo), con sus correspondientes actualizaciones, el tiempo restante que siga prestando servicio como “jubilados activos”.

c) Disponer de instrucciones precisas para todas las autoridades de la administración central, organismos descentralizados y entes que dependen del poder ejecutivo, para que tengan en cuenta que al jubilarse un personal de su repartición, no solamente perderán el recurso humano formado en áreas administrativas, de servicios, técnicas o profesionales, sino que no podrán utilizar los cargos vacantes. Esto es en razón que es una práctica habitual, preferir la baja del personal en condiciones de jubilarse para utilizar el cargo disponible.

Consideraciones de esta sugerencia:

El estado provincial en esta propuesta desembolsa el mismo monto que antes, lo único que se modifica es el destino del aporte jubilatorio. En segundo lugar, la caja de jubilaciones continuaría percibiendo los aportes del 6% durante tres años y las contribuciones del 16% correspondientes, pero como contrapartida dejaría de abonar, durante el período que continué el personal en actividad, el haber jubilatorio.

La premisa fundamental en la que se basa esta propuesta es considerar al personal activo con edad de jubilarse, como un recurso humano valioso e importante. El que se ha formado dentro del estado y que el mismo debe considerar importante contar con su continuidad. Para ello cada estamento y repartición provincial generar y brindarles las condiciones laborales y ambientales, que faciliten y promueven la continuidad del recurso humano activo y no como ocurre ahora que promueve la expulsión del sistema activo.

Rubén Darío Delsart

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