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la foto del perfil de Agustin Bordagaray, La imagen puede contener: 3 personas, personas sonriendo, textoEl denominado consenso fiscal Nación/ Provincias firmado por el Presidente y los gobernadores -excepto el gobernador de San Luis- tiene consecuencias que no han sido reflejadas en los medios de comunicación y tampoco explicada por los firmantes.

Por Agustín Bordagaray

En principio contiene una serie de enunciados de compromisos que se asumen en conjunto y también los que asumen específicamente tanto el gobierno nacional como cada una de las jurisdicciones provinciales.

Lo que primeramente llama la atención es que, tal como lo dijo el vicegobernador Bahl, la provincia de Entre Ríos no obtiene algún beneficio por sobre lo que ya tenía, solo se conforma con conservarlos.

Pero para ello realiza concesiones que erosionan el federalismo, ya que para seguir como estamos, se comprometió a reformas impositivas y previsionales que implican una mayor dependencia del estado nacional, toda vez que los menores recursos que obtendrá de llevarse a cabo lo escrito, solo puede ser compensado por fondos que va a remitir –si así lo considera- por el estado nacional.

Además, avanza sobre los municipios, comprometiéndose a cambios en los regímenes tributarios municipales que –al menos públicamente- los intendentes no manifestaron que están dispuestos a conceder.

En la práctica se conjugan dos cuestiones políticas con consecuencias en las economías provinciales y municipales.

La primera es que más allá de lo que la gente votó en cada provincia, se impone por ley un modelo económico al que adhiere el gobierno nacional, el cual fue atacado por los entonces candidatos a gobernadores peronistas y que ahora aceptan sin chistar.

Y la segunda cuestión es que en la tierra del general Urquiza debemos levantar -como hace más de un centenar de años-  la bandera del federalismo, toda vez que este pacto de cumplirse tal como se firmo, encamina a la Argentina a un gobierno unitario, como un poder central fuerte y recaudador, provincias constituidas en virreinatos y municipios que recuperan su calidad de capitanías. Se nombra reiteradamente a la constitución nacional, pero se olvidaron del artículo 1º que reza “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”.

Existe un consenso generalizado en que es necesaria una reforma impositiva, pero ello debe llevarse a cabo en igualdad de condiciones, donde cada jurisdicción recupere sus potestades fiscales y a partir de allí pueda barajarse y dar de nuevo. Eso no ocurre con este pacto toda vez que se le otorga al estado nacional poderes que no tenía ni que la constitución le otorga.

 

También hay consenso sobre la necesidad de complementariedad entre los tres niveles del estado para hacer una tarea eficaz de control de la recaudación y sus gastos, toda vez que las nuevas formas de producción y comercialización requieren de un estado más ágil y especializado, sabiendo que para los estados municipales es imposible controlar por si a las grandes empresas, como que para el estado nacional y provincial les es igual controlar el comercio marginal, que puede ser reconocido por los estados municipales allí donde se desarrollan. También por el lado de los gastos, las grandes obras requieren de fondos que exceden los presupuestos municipales, como así también para aquellos es muy difícil poder llegar a los individuos como lo hacen los municipios. Pero estas herramientas deben consensuarse y no imponerse con penas de perder fondos que ya pertenecen a los estados provinciales y municipales.

 
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