Al Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet
A los representantes de los tres Poderes de Gobierno de nuestra Provincia.
Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos -RODHER- nos dirigimos a usted ante la escalada de violencia institucional que vivimos hoy en Entre Ríos. A 38 años del retorno a la democracia consideramos necesario hacer un repaso de algunas de las deudas pendientes que tiene el Estado Provincial en esta materia e instarles, a usted y a todos y todas los y las funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Gobierno Entrerriano, a que se comprometan realmente en la promoción y protección de los derechos humanos.
La seguridad pública ciudadana, como deber primario del Estado, no sólo importa en relación a la prevención de hechos delictivos sino también en proteger la vida, garantizar la integridad física y desalentar discursos y prácticas violentas.
Para ello es menester promover un sistema de seguridad democrático que respete los estándares mínimo de derechos humanos: que el sistema carcelario tenga como objetivo primario la readaptación social de las personas privadas de su libertad, que los agentes policiales y penitenciarios sean constantemente capacitados en derechos humanos, que se creen reglamentos y protocolos de actuación claros para guiar el accionar policial profesional que tienda a reducir los riesgos, proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, prevenir y evitar intervenciones violentas abusivas.
En ninguno de estos puntos, el gobierno provincial tiene una intervención activa, ya sea por omisión, impericia o aquiescencia y, por decantación, se genera la reproducción de prácticas violentas en los cuerpos policiales y penitenciarios.
Tanto en el caso de Iván Pérez como en el de Gabriel Gusmán, ambos víctimas de casos de gatillo fácil durante ésta gestión de gobierno, distintos funcionarios policiales con cargos en la fuerza policial admitieron en investigaciones judiciales que la Policía de Entre Ríos no recibe entrenamiento ni capacitación en manejo de armas de fuego, lo que es de una gravedad institucional sin precedentes y de lo cual ningún funcionario público ni legislador provincial ni poder del Estado solicitó informe sobre ello a la autoridad correspondiente ni ninguna otra acción que dé cuenta de la gravedad que esta realidad implica, al pretender justificar corporativamente la muerte de dos jóvenes en nuestra provincia por balas policiales.
Con su inacción o aquiescencia ante la violencia institucional este Estado provincial expone no sólo a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal, sino también a las y los propios agentes de las fuerzas de seguridad, a quienes se termina por educar y empujar hacia la violencia, ejecutando delitos por los que tarde o temprano serán juzgados.
En nuestra provincia existe desde el 2017 la Ley N°10.563 de creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura (MPPT), hasta ahora una formalidad sin contenido ni acciones. El MPPT tiene, entre otras funciones, el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, así como también diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y promover la aplicación de sus directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades competentes a nivel provincial y municipal. Para su creación es necesaria la conformación de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos.
El parlamento entrerriano, que responde al Gobernador Gustavo Bordet, viene ignorando los reiterados pedidos de los organismos de derechos humanos, y a todas luces desconoce también los hechos de tremenda gravedad institucional y crímenes del Estado que se acrecientan día a día en la provincia. Lamentablemente, la única “iniciativa” del ejecutivo en este sentido fue la presentación de un proyecto de ley de parte del bloque de oficialismo que propicia el desfinanciamiento del MPPT, pretendiendo que integrantes de la sociedad civil se sumaran a trabajar en protección de los derechos humanos ad honorem, lo que contradice las recomendaciones del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y de los organismos internacionales de derechos humanos.
Seguimos exigiendo la derogación lisa y llana e inmediata del Código Contravencional (Ley 3815) de nuestra provincia, que data del año 1952 y otorga facultades discrecionales a la policía alentando detenciones arbitrarias que hoy por hoy padecen los jóvenes de los barrios periféricos de nuestras ciudades, que a la hora de resolver conflictos de convivencia urbana tiende a predominar el punitivismo, sin jueces que juzguen y sin derecho a defensa. Se trata de una ley anticonstitucional vigente en nuestra provincia desde hace décadas y su derogación.
