La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre las vacunas infantiles ha generado un debate previsible y comprensible sobre las necesidades de salud pública, la autonomía de los padres y las justificaciones científicas de la directiva. La orden propone, entre otras cosas, modificar el calendario de vacunas infantiles de Estados Unidos y dividir la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) en varias dosis. Como inmunólogo, mi opinión es que la orden contradice el consenso científico establecido y, en cambio, respalda narrativas que no están respaldadas por la evidencia.
Sin embargo, el tema más importante de la orden puede ser algo más fundamental: ¿qué sucede cuando la política de vacunas se separa de los procesos científicos diseñados para guiarla?
Durante décadas, Estados Unidos se apoyó en un proceso transparente en el que científicos, médicos, expertos en salud pública y especialistas en vacunas revisaban la evidencia y desarrollaban recomendaciones sobre quién debería recibir una vacuna determinada y cuándo. A través de este proceso, habría desacuerdos, lo que no solo era esperado sino bienvenido. Un debate constructivo sobre políticas puede conducir al desarrollo de políticas mejores. Pero sustituir la revisión científica especializada por directrices políticas corre el riesgo de crear un precedente que se extiende mucho más allá de las vacunas.
Es muy posible que el impacto inmediato de la orden ejecutiva sea limitado. Muchos pediatras, agencias estatales de salud pública y organizaciones médicas profesionales probablemente seguirán cumpliendo con los calendarios de inmunización establecidos, desarrollados a lo largo de décadas de revisión científica y experiencia en la vida real. La orden en sí no cambia mágicamente cómo funcionan las vacunas, cómo practican medicina los médicos o cómo los estados establecen los requisitos de vacunación escolar.
De hecho, aunque la orden dice mucho, no tiene la autoridad directa para cambiar las recomendaciones de vacunas. Estas, al menos por ahora, siguen protegidas por leyes federales. La orden puede fijar una dirección, pero no la política.
Sin embargo, sería un error concluir que la orden no importa, porque el verdadero riesgo que plantea es que genera confusión e incertidumbre para los padres y cuidadores, quienes solo quieren proteger a sus hijos de la mejor manera posible.
Los programas de vacunación dependen de algo frágil: la confianza del público. Esta confianza puede destruirse con facilidad. Los padres merecen tener información confiable al tomar decisiones sobre la salud de sus hijos. Los médicos, también, deben confiar en que los calendarios de vacunas reflejan lo mejor de la ciencia disponible. Debilitar esas bases de confianza contribuiría a una caída adicional de las tasas de vacunación, incluso si no hay cambios en mandatos formales.
Lo estamos viendo ahora mismo. Las tasas de vacunación en los jardines de infancia de EE. UU. han seguido cayendo, quedando aún más por debajo de los umbrales necesarios para la inmunidad de rebaño. Esto es particularmente preocupante en un momento en que Estados Unidos experimenta uno de sus peores brotes de sarampión en décadas, mientras otras enfermedades infecciosas prevenibles resurgen.
La orden propone separar la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) en tres vacunas individuales, y esto ilustra el problema. La propuesta se enmarca como parte de un esfuerzo por reducir el número de inmunizaciones infantiles, pero en la práctica haría lo contrario.
Aquí está el porqué. Hoy, durante sus primeros años de vida, los niños reciben dos dosis de la vacuna MMR combinada, administradas en dos inyecciones separadas. Según el enfoque descrito en la orden ejecutiva, los niños necesitarían seis inyecciones separadas para obtener la misma protección.
La orden también sugiere que cada inmunización se administre en visitas médicas separadas, lo que triplicaría el número de visitas necesarias para alcanzar la misma protección. Para las familias, eso se traduce en más tiempo ausente del trabajo, más ausencias escolares, mayores costos de transporte, más copagos para quienes sus planes de seguro lo requieren y menos oportunidades para que las citas se pospongan o se pierdan por completo.
Estas consecuencias prácticas no deben ignorarse. Cada visita adicional genera otra oportunidad para que un niño tenga retrasos en las vacunas. Cada obstáculo logístico adicional afecta de manera desproporcionada a las familias con menos recursos, menos flexibilidad de horarios o menor acceso a atención médica.
Además, las vacunas separadas necesarias para implementar esta política ni siquiera están disponibles actualmente en EE. UU. Los fabricantes tendrían que desarrollar nuevos procesos de producción, realizar pruebas, navegar la revisión regulatoria y establecer sistemas de distribución para estas vacunas separadas, todo para reemplazar una vacuna combinada con un historial extraordinario de seguridad y eficacia que abarca más de medio siglo.
En resumen, la propuesta exigiría costos sustanciales y mayor complejidad simplemente para reemplazar un sistema que ha funcionado de manera excepcional y que ha protegido a los niños durante décadas. La vacuna MMR combinada fue desarrollada precisamente para reducir el número de inyecciones, lo que mejora las tasas de vacunación al garantizar que los niños reciban la protección lo antes posible y de la manera más eficiente.
Lo que importa más es si las recomendaciones están respaldadas por evidencia y si protegen efectivamente a los niños en Estados Unidos, específicamente.
¿Cuál es la justificación detrás de la orden ejecutiva? Funcionarios de la administración han señalado diferencias entre las recomendaciones de vacunas de EE. UU. y las de algunos otros países desarrollados, como Dinamarca, que recomienda menos vacunas de rutina que EE. UU. A simple vista, ese argumento puede parecer razonable: si otro país administra menos dosis, ¿por qué no debería hacerlo EE. UU.?
La respuesta es que el momento y el número de vacunas se desarrollan para adaptarse a los sistemas de salud y a las realidades de salud pública de países con realidades muy distintas. Los países difieren en la prevalencia de enfermedades, acceso a la atención médica, sistemas de entrega de vacunas, programas de detección y demografía de la población. Algunos países tienen sistemas de salud más centralizados que permiten un seguimiento más fácil de la atención de prevención, mientras que otros enfrentan riesgos de enfermedades infecciosas diferentes a los de EE. UU.
Por lo tanto, no es sorprendente que los calendarios varíen entre naciones, y la motivación para igualar los calendarios de otros países es arbitraria, más que guiada por la ciencia. Lo que importa más es si las recomendaciones están respaldadas por evidencia y si protegen efectivamente a los niños en Estados Unidos, específicamente.
Puede pasar meses o años antes de ver las consecuencias de esta orden ejecutiva y de los ataques más amplios a las vacunas. Se reflejará en la caída de la confianza en las instituciones de salud pública, en la creciente incertidumbre entre las familias y en la mayor dificultad de mantener altas tasas de vacunación, lo que llevará a mayores tasas de enfermedades y muertes.
Por eso importa esta orden ejecutiva.
Si se implementarán cambios formales de política ahora o en el futuro es menos relevante. Lo que está en juego es si la orden llevará a que los estadounidenses confíen cada vez menos en la evidencia científica y en la experiencia cuando toman decisiones que afectan la salud de sus hijos.
Creo que la inmunología es una de las infraestructuras científicas críticas que sustentan la medicina moderna. La política de vacunas debe basarse en los cimientos de esa infraestructura, con la ciencia y la evidencia guiando las recomendaciones de salud pública. Cuando esto falla, los resultados se miden en vidas perdidas por enfermedades prevenibles, y ese es un futuro que debemos evitar.
Este artículo es solo para fines informativos y no pretende ofrecer asesoramiento médico.
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