La convocatoria forma parte de un plan de lucha que vienen sosteniendo víctimas, familiares del terrorismo de estado, de la violencia institucional y social, un colectivo que reclama por la democratización de la justicia, para que esta sea para todes y por la necesidad imperiosa de una “reforma”, ya que una parte importante del poder judicial ha dejado de ser compatible con el funcionamiento de la democracia.
La movilización popular que venimos protagonizando desde este espacio en ciudad nos muestra que es posible terminar con la impunidad y la odiosa dilación en la resolución de los casos y la sociedad es testigo de que la justicia actúo como el pueblo quiso.
Esta realidad quedó demostrada en los casos de Susana Urán, Lourdes Cáceres, Kevin Ríos, entre otres.
Resolver con autoridad política y democrática lo urgente, nos permitirá desandar un camino de transformaciones más profundas en el sistema judicial; se hace imprescindible terminar con tribunales sin legitimidad caracterizados con sentencias contrarias a derechos e intereses de las mayorías populares y esta acción tiene una clara complicidad ideológica, porque convalidaron políticas públicas que activaron la distribución regresiva del ingreso, una estructura de persecución, de espionaje ilegal y de impunidad a los genocidas dando la espalda a la promoción de los Derechos Humanos.
