En momento que en el país escaló el aumento general de los precios, y especialmente de los alimentos y medicamentos, los argentinos vemos que nuestros ingresos se han deteriorado al punto que, además de la inflación, la preocupación es que la plata ya no alcanza para llegar a fin de mes.
Por AGUSTIN BORDAGARAY
Por supuesto que hay un sector, ligado a las exportaciones, que está pasando una época de holgura económica sin precedentes, ya que el aumento de los precios de los commodities en el mundo les proporciona ganancias inesperadas.
En cambio, el resto de la población sufre las consecuencias de ese aumento y quienes pudieron ahorrar algo –seguramente para arreglar su casa, cambiar el auto o vacacionar- ahora recurren a esos ahorros para llegar a fin de mes.
Otros necesitan tomar préstamos, mayormente en el mercado no bancario, a tasas exorbitantes.
Los más humildes –que cada vez son más- han visto deteriorada su pobreza ya que al problema del aumento de los alimentos se les suma la falta de las changas que demandaban la clase media y que ahora recorta por falta de plata.
A ello se suma que los precios de los comercios de los barrios son superiores a los de los supermercados y muchos más si los comparamos con los grandes centros comerciales.
El acceso a estos centros es hoy muy difícil para quienes viven en barrios alejados, por el precio del transporte.
Como dice el refrán argentino, “ser pobre es mucho más caro”.
El acuerdo con el FMI cumple con los parámetros clásicos de los postulados monetaristas, para combatir la inflación se debe eliminar el déficit fiscal y restringir la emisión monetaria, en definitiva, enfriar la economía.
Estas recetas ya se utilizaron en Argentina y sus consecuencias fueron más pobreza, desigualad e inflación. El 2001 fue su imagen más dramática.
Existen dos maneras para bajar el déficit fiscal, o se aumentan los ingresos al estado, o se baja el gasto público.
GASTO PUBLICO
Respecto a esto último cabe decir que el mayor gasto público –además del pago de la deuda pública- son los Servicios Públicos que representa el 72% del presupuesto nacional.
Dentro de ese capítulo, el pago a la Seguridad Social es el 51,50% del presupuesto total; los aportes para Energía el 8,80%, salud el 5%; Desarrollo Social el 3,90%, aportes a las provincias el 2,4%; entre otros.
Adicionalmente, la Obra Pública representa el 15%.
Estos números desmitifican dos grandes discusiones: la primera que el déficit es culpa de los ”choriplaneros” y la segunda que es posible reducir el gasto público sin resentir a la gente.
En este punto el gobierno nacional ha actuado bien. Negoció un aplazamiento de la reducción del déficit y eso permitió mantener la ayuda social, otorgar subsidios a empresas y personas –como el IFE II y la suma de $18.000 a monotributistas y jubilados- y mantener los planes sanitarios.
INGRESOS PUBLICOS
La otra forma de achicar el déficit público es aumentando los ingresos.
Para ello hay tres maneras, aumentando el PBI, o sea la producción general del país, aumentando los impuestos existentes, o re distribuir las cargas.
El primer supuesto es el mejor de los escenarios, pero para ello el sector productivo debe dar un salto de calidad que lleva mucho tiempo y dinero. A eso debe procurarse, pero no en el corto plazo.
Respecto al segundo punto, para contextualizar, hay que decir que, de la recaudación total del gobierno nacional, el 30% lo recauda el IVA, el 20% ganancias, el 23% los aportes y contribuciones, el 9% los derechos de exportación.
Como se puede apreciar, el sistema tributario es profundamente regresivo ya que de cada $3,00 que ingresan al estado, $2,00 lo aportan los trabajadores.
Esto nos lleva al tercer punto. Es urgente e imperioso una reforma tributaria que reformule las cargas para que contribuyan los que más ganan.
Es llamativa la paciencia del gobierno para abordar este tema.
El impuesto a las Ganancias Extraordinarias, que solo recae en los sectores que han tenido utilidades inesperadas por la guerra Rusia- Ucrania, y mientras dura esa circunstancia, traerá una pizca de equidad.
Pero con eso solo no alcanza, urge una modificación integral del sistema tributario argentino, para retomar el camino de un país económicamente independiente, políticamente soberano y socialmente justo.
